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Perú

El estallido social se apodera de Perú: claves de las protestas ciudadanas contra la clase política

  • Los manifestantes exigen, entre otras cuestiones, la dimisión de la actual mandataria, Dina Boluarte
  • La presidenta ha dicho que no va a renunciar a su cargo y ha propuesto un adelanto electoral para abril de 2024

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Manifestantes en la marcha "Toma Lima" REUTERS/Alessandro Cinque

La inestabilidad política y social continúa sacudiendo Perú más de un mes después de la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo. Desde entonces, la tensión no ha hecho más que crecer y el país ha sido escenario de multitudinarias protestas ciudadanas que exigen, entre otras cuestiones, la dimisión de la actual mandataria, Dina Boluarte. En estas manifestaciones se han producido graves enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas de seguridad que han dejado más de 60 fallecidos desde diciembre.

¿Cuándo comenzaron las protestas?

El descontento social en Perú empezó a reflejarse en forma de protestas incluso durante el mandato de Castillo. A principios de noviembre, con pancartas con mensajes como 'Fuera Castillo, fuera ya', miles de manifestantes se reunieron en la capital, Lima, exigiendo la dimisión del mandatario. Sin embargo, su sonada destitución, lejos de calmar las aguas, siguió motivando nuevas movilizaciones, que piden ahora la marcha de su sucesora.

Boluarte juró el cargo de presidenta tras una frenética jornada que acabó con la entrada en prisión de su predecesor. Esa mañana, Castillo había anunciado la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de emergencia en una maniobra calificada mayoritariamente de autogolpe de estado. Horas después, la Cámara Baja votó la moción de censura que acabó con su destitución.

Poco a poco, las movilizaciones, lejos de calmarse, fueron tomando un carácter más virulento, sobre todo en el sur del país, y han seguido su curso hasta ahora después de un breve paréntesis durante las vacaciones de Navidad. 

El jueves pasado, miles de peruanos se reunieron en la capital desde distintos puntos de la geografía peruana en lo que denominaron la 'Toma de Lima', una concentración que, pese a comenzar de forma pacífica, acabó derivando en distintos enfrentamientos entre policía y manifestantes.

"No se trata solo de una movilización iniciada por seguidores de Castillo, el momento es complejo y se superponen varios tipos de movilización y varias demandas", apunta a RTVE.es la directora de Transparencia Perú, Adriana Urrutia Pozzi. Todo ello, dice, en un un país que no tiene sistema de partidos políticos estable, donde los movimientos regionales ganan cada vez más las elecciones, y no hay un partido que pueda canalizar la representación a nivel nacional. 

El martes se produjo otra convocatoria en la "gran marcha nacional" que también causó enfrentamientos entre cientos de manifestantes y fuerzas de seguridad en las calles de la capital. Además, el inicio de un gran incendio durante la movilización destruyó un edificio en una zona considerada patrimonio histórico. No ha trascendido, sin embargo, un aumento del número de víctimas mortales. 

Como apuntaba a RTVE.es el analista político peruano Joel Díaz Rodríguez, antes del inicio de la protesta, la posibilidad de una renuncia por parte de la presidenta va a depender de cómo gestione la movilización. "Están todas las cartas sobre la mesa, la vara de medir va a ser hoy", apuntaba. "Si más o menos se controla, si no hay muertos, no va a renunciar".

¿Qué reclaman los manifestantes?

"Ni un muerto más", "Dina Renuncia" o "Cierre del Congreso" son algunos de los mensajes que se leen en las pancartas y se corean en las distintas concentraciones. Tras su destitución, algunas de las movilizaciones estaban lideradas por partidarios de Castillo, que contaba con un gran apoyo, sobre todo, en las provincias del sur, donde se han vivido algunos de los peores enfrentamientos. Sin embargo, se han ido sumando a ellas nuevos sectores. 

"La situación es compleja y está entrando en bucle", declara Díaz Rodríguez. Para el analista, se trata de un "callejón sin salida" ante un movimiento que se inició por seguidores de Castillo que veían a Boluarte como una traidora. "Una protesta que se inició por grupos radicales sin una reivindicación concreta más allá de la renuncia de la presidenta o el 'que se vayan todos' ha desembocado en un movimiento mucho más grande, que incluye cada vez a más sectores y que, parece, no va a dar marcha atrás", añade.

Los manifestantes exigen, en primer lugar, la renuncia de Boluarte, ya que consideran que no ha llegado al poder de forma democrática, así como un adelanto electoral. Desde su llegada, la mandataria ha convivido con estos reclamos y no goza del respaldo necesario ni en las Cámaras ni en las calles. De hecho, según la última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 71% desaprueba que haya asumido el cargo y su posterior gestión. 

Entre las exigencias también se encuentra el cierre del Congreso, cuya gestión es rechazada por el 88% de la población, según datos del IEP; y la convocatoria de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.

La inestabilidad política y los gobiernos fallidos han marcado la historia reciente del país. Solo en los últimos seis años, Perú ha acumulado cinco gobiernos que han destacado por su brevedad, inestabilidad y por haber estado salpicados, la mayoría de ellos, por escándalos de corrupción. Es por ello que algunos de los reclamos pasan por reformas estructurales que ayuden a cambiar esta dinámica.

"Estamos asistiendo a un momento donde la acción política se caracteriza por la desfragmentación, el desmembramiento del tejido social y la falta de un contrato social entre estado y ciudadanos que es también caracterizado por el impacto que tiene la forma de dialogar en redes sociales", defiende Urrutia, que añade que las redes sociales polarizan cada vez más nuestro entendimiento y nos impiden tender puentes hacia consensos nacionales. 

¿Ha habido violencia en las protestas?

Desde diciembre, las distintas movilizaciones han dejado al menos 60 muertos y cientos de heridos y detenidos. Entre los fallecidos hay manifestantes, un policía y una quincena de personas que ha perdido la vida por causas derivadas de los bloqueos de carreteras organizados a modo de protesta.

Los enfrentamientos entre las autoridades y los asistentes y los fuertes disturbios han sido la tónica en las últimas concentraciones, sobre todo tras el parón navideño. La jornada más violenta fue la del pasado 9 de enero, cuando murieron al menos 18 personas, entre ellas un bebé que estaba siendo trasladado al hospital y se topó con un bloqueo en las carreteras del departamento andino de Puno, al sur del país.

La convocatoria de este martes incluye, por primera vez, a los universitarios, que hasta ahora se habían mantenido al margen. Ahora, salen a las calles tras la irrupción policial del sábado en la Universidad de San Marcos, en Lima y las detenciones de hasta 200 manifestantes y estudiantes que llevaban días acampando en el campus para participar en las protestas.

Según datos del IEP, algunas de las acciones perpetradas por los manifestantes no eran apoyadas por la mayoría ciudadana a mediados de enero. Por ejemplo, un 90% de los encuestados cree que una protesta "no justifica" atacar edificios públicos, un 82% rechaza la toma de aeropuertos y un 68% el bloqueo de carreteras.

Urrutia Pozzi lamenta las más de 60 muertes derivadas de “un uso desproporcionado de la violencia y del poder”, aunque al mismo tiempo condena el uso de la violencia con fines políticos.

“Hay personas que aprovechan las protestas para destruir locales públicos, para asesinar a un miembro de la Policía Nacional o destruir la labor de los cuerpos de auxilio y emergencias. Esto requiere condenas y que sean sancionados”, apunta. “Pero el Estado debe evitar esas acciones respetando los derechos humanos y cumpliendo el marco constitucional y legal”.

Tal y como apunta Díaz, la respuesta del Gobierno a lo que "en principio" eran "seguidores violentos de Castillo que buscaban sembrar el caos", en forma de represión, sobre todo en el mes de enero, es lo que ha provocado una mayor respuesta y la suma de más sectores. "La represión va a levantar mucho más rechazo entre la población y podría llevar realmente a que terminen sacando a Boluarte", apunta. 

¿Qué dice el Gobierno?

La actual presidenta comenzó su andadura al frente de Perú con el reclamo de gran parte de la ciudadanía de un adelanto electoral. Sin embargo, no fue hasta pasados unos días en el cargo cuando cedió ante las protestas y accedió a proponer al Congreso adelantar los comicios para el próximo abril.

El pleno del Congreso aprobó el 20 de diciembre el proyecto de adelanto electoral, aunque este tiene que ser ratificado en una segunda votación en la próxima legislatura, que comenzará el próximo 15 de febrero, después de que la Cámara haya aprobado adelantar su inicio. Mientras tanto, Boluarte ha dejado claro que no va a renunciar a su cargo antes de las elecciones. 

La propuesta del Ejecutivo plantea acortar el mandato de la presidenta y los congresistas, cuyo periodo no concluye, en principio, hasta julio de 2026. Sin embargo, como explica Díaz, a la mayoría del Congreso tampoco le interesa un adelanto. "Es clientelar, responde a intereses personales de los propios congresistas y su mayor interés es mantener su puesto el mayor tiempo posible, porque de eso depende de su beneficio", explica. 

Por otro lado, Boluarte ha acusado a los manifestantes de querer generar "caos y desorden", así como de "quebrar el Estado de derecho". Además, ha llegado a calificar de machistas las peticiones de renuncia a su cargo. "¿Acaso no hay derecho de que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone?", defendió hace unos días.

Asimismo, desde el Ejecutivo aseguran que la Policía Nacional está actuando dentro de la ley y sus protocolos, y descarta que se hayan producido excesos en la represión de las manifestaciones de protesta que han dejado más de 60 fallecidos. 

Los comerciantes, afectados por el estallido social en Perú

Urrutia cree indispensable la adopción de decisiones de manera inmediata. Entre ellas, que el Congreso determine la fecha de elecciones para este año, ya que esto "puede funcional como válvula de escape para el estallido social". La segunda, que adopte medidas para detener el uso desproporcionado de la fuerza. "Tiene que haber investigaciones independientes a nivel nacional e internacional sobre lo que ha pasado y tienen que asumir responsabilidad política", apunta.

¿Qué dice la comunidad internacional?

Pese a que el Ejecutivo afirma que respeta el derecho a manifestación de los ciudadanos, la represión en las distintas movilizaciones continúa. Desde la ONU han dicho seguir "con preocupación" la situación en el país, y se han declarado "conmocionados" por el número de muertes registradas.

El secretario general de Naciones Unidas, Antònio Guterres, ha llamado a las autoridades peruanas a que "garanticen el respeto de los derechos humanos" y a que velen porque se lleve a cabo una investigación "diligente, independiente, imparcial y transparente" sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas.

Desde la Unión Europea, piden al Gobierno peruano a tomar "medidas urgentes" para restaurar la calma, al tiempo que lamentan el "gran número de víctimas mortales" que están dejando a su paso las protestas.

Asimismo, han manifestado su condena tanto a los actos violentos como al "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad. 

También ha habido reacciones en Latinoamérica. El martes, el presidente mexicano, López Obrador, pidió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) un pronunciamiento conjunto contra la "represión" en Perú y por la libertad de Castillo, asegurando que no deben "dejar solo al pueblo hermano del Perú". 

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